¿Por qué es importante la valoración de empresa?

El valor de una empresa es el importe que se le asigna a esta en función de los activos que tiene, de los pasivos que debe, de su capacidad de generar resultados y de la aplicación de diferentes técnicas y métodos de valoración. En este artículo vamos a profundizar en por qué puede resultar interesante o esencial realizar una valoración de empresa. Según el objetivo de la valoración deben adoptarse unos métodos u otros y asumir determinadas premisas u otras.

valoracion-empresa

¿Por qué realizar una valoración de empresa?

A lo largo de los años, hemos visto como los empresarios han analizado diferentes parámetros de su actividad empresarial, en función de sus objetivos o por distintas razones. Algunas veces, en búsqueda de la máxima eficiencia; otras, para fijar precios, decidir sobre la contratación y retribuciones de sus empleados o para decidir si afrontar o no un nuevo proyecto.  

Al margen de ello, un buen administrador empresarial debería medir y cuantificar periódicamente el valor de la empresa por varios motivos. 

En primer lugar, porque dicha medición le proporcionará información sobre la utilidad del negocio. Además, la evolución que siga esa valoración de la empresa le proporcionará información sobre si en la empresa se están tomando decisiones acertadas o no. 

En base a ello, y de forma general, podría decirse que una gestión adecuada en el tiempo aumenta el valor de una empresa y, en caso contrario, provocaría una caída de su valor. 

¿Cuándo se debe valorar una empresa?

A parte de las razones ya mencionadas, existen otros motivos específicos por los que un empresario debería valorar su empresa. 

Venta de la empresa

En caso de querer vender la empresa, bien en su totalidad o de manera parcial tras la segregación de una rama del negocio. Claramente, el importe que se obtenga al vender respondería a la negociación que se desarrolle entre comprador y vendedor. Este es un dato único y es el precio de la operación. Previamente a la negociación, tanto vendedor como comprador deben realizar una valoración. Este valor no es único, siempre contiene aspectos subjetivos, con independencia del método de valoración que sea empleado. Por ello, ambas partes defenderán su valoración y se alcanzará el acuerdo en el precio.  

Necesidad de recursos propios

Este supuesto se da cuando la empresa precisa recursos propios para afrontar nuevas inversiones. También si se encuentra en un proceso de expansión. Al igual que en el otro supuesto, tanto los inversores interesados como la empresa deben tener presente el valor de la misma. En resumen, un inversor, generalmente, busca la rentabilidad de la inversión. Y, por tanto, deben buscarse métodos de valoración basados en crecimiento y aumento de valor futuro para compararlo con el precio realmente aportado en la inversión.   

Fusión de empresas

La valoración de empresa es fundamental en este caso para afrontar la actividad empresarial con las ventajas de las sinergias conseguidas y de una mayor dimensión. Sin duda, el acuerdo de la ecuación de canje —correspondencia entre las acciones entregadas de cada empresa fusionada y las recibidas de las resultantes de la fusión— deberá responder a las valoraciones de las empresas participantes en dicha fusión. Debe recordarse que estas operaciones siempre están sujetas al control tributario. Por tanto, los informes de valoración para determinar el valor de cada entidad que interviene en la operación son fundamentales.  

Transmisión hereditaria y sucesión

Se da cuando un empresario quiere distribuir su patrimonio total entre sus herederos para lograr la igualdad económica entre las diferentes partes de la herencia. La valoración de la empresa le permitirá definir las partes que percibirá cada uno. Y, por tanto, servir a sus deseos de reparto. Así mismo, al igual que en caso anterior, estas operaciones son en multitud de ocasiones objeto de comprobación por parte de las autoridades tributarias. Contar con una buena valoración aporta seguridad jurídica a la operación. 

Finalmente, y a modo de ejemplo, explicar que la valoración de empresa es esencial ante una controversia sobre la residencia fiscal de un empresario que tenga empresas en España y en el exterior. Esta información le servirá para decidir el Estado de su residencia a efectos fiscales, la determinación de su Núcleo de Intereses y/o Actividades Económicas.  

¿Cuándo una valoración de empresa es acertada?

Como se ha indicado anteriormente, toda valoración incorpora hipótesis subjetivas e interpretaciones que modifican el resultado de dicha valoración. No se debe confundir valor y precio. Ahora bien, para saber la veracidad de un informe de valoración se debe prestar atención a que este haya sido sometido a un doble contraste y a un análisis de sensibilidad.

Un contraste, simplemente, es la comparativa de resultado de diferentes métodos de valoración. Es decir, si los valores obtenidos por diferentes métodos de valoración se encuentran próximos, entonces el valor obtenido es robusto y fiable.

Tan importante como el contraste de valor es realizar un análisis de sensibilidad.  Este consiste en determinar cuánto cambia el valor obtenido con un método de valoración, respecto del cambio en las variables introducidas en el modelo. Por ejemplo, cuánto cambia el valor actual de los flujos de tesorería de una compañía si aumenta el riesgo país en un porcentaje. O cuánto cambia el valor obtenido por aplicación de múltiplos sobre el EBITDA si cambia en una unidad el múltiplo o el incremento de ventas previsto. 

¿Quién realiza la valoración de empresa?

Aunque cualquier persona con conocimientos contables y financieros podría realizar esta tarea, es importante contar con profesionales cualificados que sepan aplicar la metodología más adecuada de valoración en cada caso. Además de realizar una correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Hay que recordar que, en numerosas ocasiones, la valoración de empresa, entidad o negocio es susceptible de ser objeto de litigios. Por ello, los profesionales, además de realizar la valoración, deben tener conocimientos suficientes para defender dicho valor, ya sea en una negociación o en un juzgado.

Ley de Startups: la norma que fomenta la innovación, reduciendo trámites e incorporando incentivos fiscales

A final de este año 2022 se espera la entrada en vigor de la Ley de Startups: una importante norma que establecerá un marco jurídico a las empresas digitales e innovadoras basadas en un rápido crecimiento. Una norma que se suma a la Ley Crea y Crece y que suponen novedades en la creación de empresas. Te contamos las peculiaridades de esta normativa para empresas emergentes, que busca reducir trámites y que incorpora incentivos fiscales interesantes. 

¿En qué consiste la Ley de Startups?

El Proyecto de Ley del Ecosistema de las empresas emergentes, más conocido como Ley de Startups, busca principalmente simplificar los trámites para la creación de nuevas empresas. Es un impulso al emprendimiento innovador porque, además, establece ciertos incentivos fiscales. 

Gracias a la norma, en seis horas será posible constituir una empresa mediante un documento único electrónico y realizar la inscripción en el registro mercantil. Esto siempre que se utilicen los estatutos tipo. 

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Startups?

En este momento se encuentra en trámite parlamentario. Se espera que su entrada en vigor se produzca antes del mes de diciembre de 2022. 

¿A qué empresas afectará la norma?

Las empresas que quieran regirse por esta normativa deberán cumplir con las siguientes características: 

  • Tener un carácter innovador y de nueva creación. También pueden regirse por esta norma aquellas empresas con un máximo de cinco años desde su constitución o de siete en caso de formar parte del sector biotecnológico, de energía o de industria. 
  • Tener su sede social o establecimiento permanente en España y un porcentaje mayoritario de la plantilla con contrato en España. 
  • No ser empresas cotizadas, ni haber distribuido dividendos. 
  • Su volumen de negocio no pude superar los cinco millones de euros.  

¿Quién define qué empresas son startups?

ENISA (Empresa Nacional de Innovación SA) es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta entidad estará a cargo de acreditar qué empresas son consideradas como startups y, por tanto, pueden acceder a los beneficios de la ley de Startups.  

Para información y gestiones, se establecerán puntos de atención al emprendedor y una oficina nacional del emprendimiento.  

Novedades fiscales y sociales de la Ley de Startups

Por un lado, esta ley incluye varias novedades fiscales. La primera es que, en el Impuesto sobre Sociedades (IS), la tributación al tipo reducido será del 15% durante 4 ejercicios. Además, será posible el aplazamiento automático de las cuotas de este IS o la exoneración de pagos fraccionados durante 2 ejercicios.  

Además, las empresas que se acojan a esta norma podrán beneficiarse de deducción del 50% en el IRPF por la adquisición de acciones o participaciones de entidades de nueva creación. También será posible una exención de las stock options en el IRPF de hasta 50.000€.   

Adicionalmente, se ofrece una mejora del régimen fiscal en el IRPF para que los trabajadores desplazados fuera del territorio nacional vuelvan a España.  

 Por otro, en cuanto a novedades sociales, la norma suspende durante tres años la obligación de cotizar doblemente en el caso de emprendedores que trabajen también por cuenta ajena.   

Otros Beneficios de la Ley de Startup

  • Exención de aranceles notariales, registrales y del BORME en determinados casos.  
  • La dispensa durante 3 años de la causa de disolución por desequilibrio patrimonial, o la agilización de la inscripción registral.  
  • Eliminación del requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes

Ley Crea y Crece: cómo montar un negocio con un euro de capital inicial

Capital social para crear una empresa 

El punto más destacado es el de la eliminación de la exigencia de contar con 3.000 euros de capital social mínimo. Para ello se modifica el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con esta norma será posible montar una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un 1 euro. Esto va a suponer un abaratamiento de los costes de constitución.  

Sin embargo, la nueva ley establece que al menos el 20% de los beneficios obtenidos desde la creación de la empresa deberán destinarse a una reserva legal, hasta que alcance – junto al capital social – los 3.000 euros.  Actualmente es obligatorio destinar un 10% de los beneficios a la Reserva Legal hasta alcanzar el 20% del Capital Social. 

Además, con la nueva norma se ampliarán las opciones de los socios fundadores respecto al capital social que suscribirán en función de sus necesidades.  

Financiación y nuevos instrumentos 

Por un lado, la nueva ley introduce más flexibilidad para que las plataformas de micro financiación o crowdfunding presten sus servicios, adaptándose a la normativa europea. 

Por otro lado, amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir las entidades de capital riesgo. Esto facilita el acceso a financiación de empresas financieras con un componente tecnológico muy alto. 

Se reconoce la figura de los llamados fondos de deuda, como impulso a las herramientas para aliviar la situación de endeudamiento de algunas empresas y facilitar su crecimiento. 

Trámites 

Otro aspecto relevante que trae la norma es que se podrá dar de alta a la empresa desde el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). De esta manera, se establece un procedimiento más ágil que acortará plazos y costes. 

Además, la norma incorporará al catálogo nacional de actividades económicas exentas de licencia aquellas que al menos una Comunidad Autónoma haya considerado inocuas.  

Morosidad 

Otra novedad de la Ley Crea y Crece es la obligatoriedad de cumplir los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad. Aquellas empresas que no cumplan no podrán acceder a la contratación pública, a ninguna subvención pública, no podrán ser colaboradoras de la Administración y se les exigirá un certificado de cumplimiento de pago con subcontratistas. Para esto, se va a crear el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento de datos sobre plazos de pagos y buenas prácticas empresariales.  

Esta entidad publicará cada año una “lista negra” con las empresas que incumplan los plazos estipulados en la Ley de Morosidad. Es decir, 30 días desde la entrega de la mercancía o la prestación del servicio, o bien de hasta 60 días si ambas partes lo han pactado. Las empresas que acumulen 600.000 euros en facturas no pagadas y cuyos pagos fuera de plazo a proveedores superen el 10% del ejercicio anterior, entrarán a formar parte de este registro. 

En este apartado, la norma también indica que será obligatorio para las empresas expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos. Con esta medida se garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. 

Con la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, los autónomos van a estar obligados a implementar la factura electrónica en sus negocios. A pesar de ello, se espera que se apruebe algún plazo transitorio. Los expertos apuntan a que probablemente este punto entre en vigor en 2023. 

Sanciones contra la morosidad

Con relación a las sanciones, la Ley no recoge ninguna concreta ante este incumplimiento. Este régimen sancionador, pese a que fue una proposición de ley avalada por toda la Cámara y ha sido reclamado por asociaciones de pymes y autónomos.  

La única “sanción” acordada por la Ley Crea y Crece es la de prohibir que las empresas morosas accedan a subvenciones que superen los 30.000 euros.  

Sociedad de Beneficio e Interés Común o SBIC 

La nueva Ley reconocerá la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Estas son aquellas sociedades de capital que, voluntariamente, decidan recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de un impacto positivo a nivel social y medio ambiental a través de su actividad.  

Para ser reconocidas como tal, deberán someterse a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Además, quedarán sujetas a verificación externa para garantizar su desempeño en estos objetivos. 

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