¿Por qué es importante la valoración de empresa?

El valor de una empresa es el importe que se le asigna a esta en función de los activos que tiene, de los pasivos que debe, de su capacidad de generar resultados y de la aplicación de diferentes técnicas y métodos de valoración. En este artículo vamos a profundizar en por qué puede resultar interesante o esencial realizar una valoración de empresa. Según el objetivo de la valoración deben adoptarse unos métodos u otros y asumir determinadas premisas u otras.

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¿Por qué realizar una valoración de empresa?

A lo largo de los años, hemos visto como los empresarios han analizado diferentes parámetros de su actividad empresarial, en función de sus objetivos o por distintas razones. Algunas veces, en búsqueda de la máxima eficiencia; otras, para fijar precios, decidir sobre la contratación y retribuciones de sus empleados o para decidir si afrontar o no un nuevo proyecto.  

Al margen de ello, un buen administrador empresarial debería medir y cuantificar periódicamente el valor de la empresa por varios motivos. 

En primer lugar, porque dicha medición le proporcionará información sobre la utilidad del negocio. Además, la evolución que siga esa valoración de la empresa le proporcionará información sobre si en la empresa se están tomando decisiones acertadas o no. 

En base a ello, y de forma general, podría decirse que una gestión adecuada en el tiempo aumenta el valor de una empresa y, en caso contrario, provocaría una caída de su valor. 

¿Cuándo se debe valorar una empresa?

A parte de las razones ya mencionadas, existen otros motivos específicos por los que un empresario debería valorar su empresa. 

Venta de la empresa

En caso de querer vender la empresa, bien en su totalidad o de manera parcial tras la segregación de una rama del negocio. Claramente, el importe que se obtenga al vender respondería a la negociación que se desarrolle entre comprador y vendedor. Este es un dato único y es el precio de la operación. Previamente a la negociación, tanto vendedor como comprador deben realizar una valoración. Este valor no es único, siempre contiene aspectos subjetivos, con independencia del método de valoración que sea empleado. Por ello, ambas partes defenderán su valoración y se alcanzará el acuerdo en el precio.  

Necesidad de recursos propios

Este supuesto se da cuando la empresa precisa recursos propios para afrontar nuevas inversiones. También si se encuentra en un proceso de expansión. Al igual que en el otro supuesto, tanto los inversores interesados como la empresa deben tener presente el valor de la misma. En resumen, un inversor, generalmente, busca la rentabilidad de la inversión. Y, por tanto, deben buscarse métodos de valoración basados en crecimiento y aumento de valor futuro para compararlo con el precio realmente aportado en la inversión.   

Fusión de empresas

La valoración de empresa es fundamental en este caso para afrontar la actividad empresarial con las ventajas de las sinergias conseguidas y de una mayor dimensión. Sin duda, el acuerdo de la ecuación de canje —correspondencia entre las acciones entregadas de cada empresa fusionada y las recibidas de las resultantes de la fusión— deberá responder a las valoraciones de las empresas participantes en dicha fusión. Debe recordarse que estas operaciones siempre están sujetas al control tributario. Por tanto, los informes de valoración para determinar el valor de cada entidad que interviene en la operación son fundamentales.  

Transmisión hereditaria y sucesión

Se da cuando un empresario quiere distribuir su patrimonio total entre sus herederos para lograr la igualdad económica entre las diferentes partes de la herencia. La valoración de la empresa le permitirá definir las partes que percibirá cada uno. Y, por tanto, servir a sus deseos de reparto. Así mismo, al igual que en caso anterior, estas operaciones son en multitud de ocasiones objeto de comprobación por parte de las autoridades tributarias. Contar con una buena valoración aporta seguridad jurídica a la operación. 

Finalmente, y a modo de ejemplo, explicar que la valoración de empresa es esencial ante una controversia sobre la residencia fiscal de un empresario que tenga empresas en España y en el exterior. Esta información le servirá para decidir el Estado de su residencia a efectos fiscales, la determinación de su Núcleo de Intereses y/o Actividades Económicas.  

¿Cuándo una valoración de empresa es acertada?

Como se ha indicado anteriormente, toda valoración incorpora hipótesis subjetivas e interpretaciones que modifican el resultado de dicha valoración. No se debe confundir valor y precio. Ahora bien, para saber la veracidad de un informe de valoración se debe prestar atención a que este haya sido sometido a un doble contraste y a un análisis de sensibilidad.

Un contraste, simplemente, es la comparativa de resultado de diferentes métodos de valoración. Es decir, si los valores obtenidos por diferentes métodos de valoración se encuentran próximos, entonces el valor obtenido es robusto y fiable.

Tan importante como el contraste de valor es realizar un análisis de sensibilidad.  Este consiste en determinar cuánto cambia el valor obtenido con un método de valoración, respecto del cambio en las variables introducidas en el modelo. Por ejemplo, cuánto cambia el valor actual de los flujos de tesorería de una compañía si aumenta el riesgo país en un porcentaje. O cuánto cambia el valor obtenido por aplicación de múltiplos sobre el EBITDA si cambia en una unidad el múltiplo o el incremento de ventas previsto. 

¿Quién realiza la valoración de empresa?

Aunque cualquier persona con conocimientos contables y financieros podría realizar esta tarea, es importante contar con profesionales cualificados que sepan aplicar la metodología más adecuada de valoración en cada caso. Además de realizar una correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Hay que recordar que, en numerosas ocasiones, la valoración de empresa, entidad o negocio es susceptible de ser objeto de litigios. Por ello, los profesionales, además de realizar la valoración, deben tener conocimientos suficientes para defender dicho valor, ya sea en una negociación o en un juzgado.

Ley de Startups: la norma que fomenta la innovación, reduciendo trámites e incorporando incentivos fiscales

A final de este año 2022 se espera la entrada en vigor de la Ley de Startups: una importante norma que establecerá un marco jurídico a las empresas digitales e innovadoras basadas en un rápido crecimiento. Una norma que se suma a la Ley Crea y Crece y que suponen novedades en la creación de empresas. Te contamos las peculiaridades de esta normativa para empresas emergentes, que busca reducir trámites y que incorpora incentivos fiscales interesantes. 

¿En qué consiste la Ley de Startups?

El Proyecto de Ley del Ecosistema de las empresas emergentes, más conocido como Ley de Startups, busca principalmente simplificar los trámites para la creación de nuevas empresas. Es un impulso al emprendimiento innovador porque, además, establece ciertos incentivos fiscales. 

Gracias a la norma, en seis horas será posible constituir una empresa mediante un documento único electrónico y realizar la inscripción en el registro mercantil. Esto siempre que se utilicen los estatutos tipo. 

¿Cuándo entra en vigor la Ley de Startups?

En este momento se encuentra en trámite parlamentario. Se espera que su entrada en vigor se produzca antes del mes de diciembre de 2022. 

¿A qué empresas afectará la norma?

Las empresas que quieran regirse por esta normativa deberán cumplir con las siguientes características: 

  • Tener un carácter innovador y de nueva creación. También pueden regirse por esta norma aquellas empresas con un máximo de cinco años desde su constitución o de siete en caso de formar parte del sector biotecnológico, de energía o de industria. 
  • Tener su sede social o establecimiento permanente en España y un porcentaje mayoritario de la plantilla con contrato en España. 
  • No ser empresas cotizadas, ni haber distribuido dividendos. 
  • Su volumen de negocio no pude superar los cinco millones de euros.  

¿Quién define qué empresas son startups?

ENISA (Empresa Nacional de Innovación SA) es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta entidad estará a cargo de acreditar qué empresas son consideradas como startups y, por tanto, pueden acceder a los beneficios de la ley de Startups.  

Para información y gestiones, se establecerán puntos de atención al emprendedor y una oficina nacional del emprendimiento.  

Novedades fiscales y sociales de la Ley de Startups

Por un lado, esta ley incluye varias novedades fiscales. La primera es que, en el Impuesto sobre Sociedades (IS), la tributación al tipo reducido será del 15% durante 4 ejercicios. Además, será posible el aplazamiento automático de las cuotas de este IS o la exoneración de pagos fraccionados durante 2 ejercicios.  

Además, las empresas que se acojan a esta norma podrán beneficiarse de deducción del 50% en el IRPF por la adquisición de acciones o participaciones de entidades de nueva creación. También será posible una exención de las stock options en el IRPF de hasta 50.000€.   

Adicionalmente, se ofrece una mejora del régimen fiscal en el IRPF para que los trabajadores desplazados fuera del territorio nacional vuelvan a España.  

 Por otro, en cuanto a novedades sociales, la norma suspende durante tres años la obligación de cotizar doblemente en el caso de emprendedores que trabajen también por cuenta ajena.   

Otros Beneficios de la Ley de Startup

  • Exención de aranceles notariales, registrales y del BORME en determinados casos.  
  • La dispensa durante 3 años de la causa de disolución por desequilibrio patrimonial, o la agilización de la inscripción registral.  
  • Eliminación del requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores no residentes

Ley Crea y Crece: cómo montar un negocio con un euro de capital inicial

Capital social para crear una empresa 

El punto más destacado es el de la eliminación de la exigencia de contar con 3.000 euros de capital social mínimo. Para ello se modifica el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con esta norma será posible montar una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un 1 euro. Esto va a suponer un abaratamiento de los costes de constitución.  

Sin embargo, la nueva ley establece que al menos el 20% de los beneficios obtenidos desde la creación de la empresa deberán destinarse a una reserva legal, hasta que alcance – junto al capital social – los 3.000 euros.  Actualmente es obligatorio destinar un 10% de los beneficios a la Reserva Legal hasta alcanzar el 20% del Capital Social. 

Además, con la nueva norma se ampliarán las opciones de los socios fundadores respecto al capital social que suscribirán en función de sus necesidades.  

Financiación y nuevos instrumentos 

Por un lado, la nueva ley introduce más flexibilidad para que las plataformas de micro financiación o crowdfunding presten sus servicios, adaptándose a la normativa europea. 

Por otro lado, amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir las entidades de capital riesgo. Esto facilita el acceso a financiación de empresas financieras con un componente tecnológico muy alto. 

Se reconoce la figura de los llamados fondos de deuda, como impulso a las herramientas para aliviar la situación de endeudamiento de algunas empresas y facilitar su crecimiento. 

Trámites 

Otro aspecto relevante que trae la norma es que se podrá dar de alta a la empresa desde el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). De esta manera, se establece un procedimiento más ágil que acortará plazos y costes. 

Además, la norma incorporará al catálogo nacional de actividades económicas exentas de licencia aquellas que al menos una Comunidad Autónoma haya considerado inocuas.  

Morosidad 

Otra novedad de la Ley Crea y Crece es la obligatoriedad de cumplir los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad. Aquellas empresas que no cumplan no podrán acceder a la contratación pública, a ninguna subvención pública, no podrán ser colaboradoras de la Administración y se les exigirá un certificado de cumplimiento de pago con subcontratistas. Para esto, se va a crear el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento de datos sobre plazos de pagos y buenas prácticas empresariales.  

Esta entidad publicará cada año una “lista negra” con las empresas que incumplan los plazos estipulados en la Ley de Morosidad. Es decir, 30 días desde la entrega de la mercancía o la prestación del servicio, o bien de hasta 60 días si ambas partes lo han pactado. Las empresas que acumulen 600.000 euros en facturas no pagadas y cuyos pagos fuera de plazo a proveedores superen el 10% del ejercicio anterior, entrarán a formar parte de este registro. 

En este apartado, la norma también indica que será obligatorio para las empresas expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos. Con esta medida se garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. 

Con la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, los autónomos van a estar obligados a implementar la factura electrónica en sus negocios. A pesar de ello, se espera que se apruebe algún plazo transitorio. Los expertos apuntan a que probablemente este punto entre en vigor en 2023. 

Sanciones contra la morosidad

Con relación a las sanciones, la Ley no recoge ninguna concreta ante este incumplimiento. Este régimen sancionador, pese a que fue una proposición de ley avalada por toda la Cámara y ha sido reclamado por asociaciones de pymes y autónomos.  

La única “sanción” acordada por la Ley Crea y Crece es la de prohibir que las empresas morosas accedan a subvenciones que superen los 30.000 euros.  

Sociedad de Beneficio e Interés Común o SBIC 

La nueva Ley reconocerá la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Estas son aquellas sociedades de capital que, voluntariamente, decidan recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de un impacto positivo a nivel social y medio ambiental a través de su actividad.  

Para ser reconocidas como tal, deberán someterse a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Además, quedarán sujetas a verificación externa para garantizar su desempeño en estos objetivos. 

¿Qué es el kit digital? ¿Cómo podemos ayudarte a solicitarlo?

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¿Qué es?

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

Desde el 15 de marzo de 2022 se encuentra abierta la primera convocatoria de esta subvención, este primer tramo va destinado a empresas de entre 10 y 50 trabajadores.

Las ayudas de esta Convocatoria tienen la consideración de subvención directa y consistirán en disposiciones dinerarias destinadas a financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización de las disponibles en el Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa Kit Digital recogido en la plataforma Acelera pyme.

Podrán destinarse asimismo estas ayudas a la adopción de soluciones de digitalización cuyo fin sea sustituir a las soluciones ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una mejora funcional. Para considerarse mejora funcional, deberá cumplir los siguientes requisitos:

La solución debe ser completamente nueva y cumplir todos los requisitos mínimos de la categoría a la que pertenece, conforme al Anexo IV de las Bases Reguladoras
Que la solución sustituida no cumpliera con alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma categoría de solución de digitalización correspondiente.

No se considerará mejora funcional:

Ningún desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento de los servicios y funcionalidades de la solución existente.
Actualización de versiones de software por el proveedor, esto es, releases que el proveedor saque sobre una versión.
Upgrades o mejora de versiones.

El beneficiario deberá emplear la ayuda concedida, cuyo derecho de cobro se denomina «bono digital», en la contratación de una o varias soluciones de digitalización formalizando para ello Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización con los Agentes Digitalizadores Adheridos. Este «bono digital» no podrá hacerse efectivo hasta que el Agente Digitalizador, en nombre del beneficiario y siendo este el responsable último, presente la correspondiente cuenta justificativa de la realización de la actividad para la que se concede la subvención y el órgano concedente considere justificada la subvención.

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¿A quién va dirigido?

Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.

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¿Cómo conseguir el bono digital?

Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder a las soluciones de digitalización.

Desde CE Consulting Huelva nos encargamos de realizar todos los trámites por usted, contacte con nosotros y le informaremos.


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¿Qué soluciones digitales están disponibles?

Para esta primera convocatoria, destinada a empresas entre 10 y 50 trabajadores, las ayudan tienen un límite de hasta 12.000 € que se podrán gastar en las siguientes soluciones digitales con los límites indicados:

  • Sitio Web y Presencia en Internet
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 2.000 €
  • Comercio electrónico
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 2.000 €
  • Gestión de Redes Sociales
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 2.500 €
  • Gestión de Clientes
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 4.000 € (incluye 3 usuarios)
  • Business Intelligence y Analítica
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 4.000 € (incluye 3 usuarios)
  • Gestión de Procesos
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 6.000 € (incluye 10 usuarios)
  • Factura Electrónica
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 1.000 € (incluye 3 usuarios)
  • Servicio y herramientas de Oficina Virtual
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 250 € por usuario (hasta 48 usuarios)
  • Comunicaciones Seguras
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 125 € por usuario (hasta 48 usuarios)
  • Ciberseguridad
    • Meses de prestación del servicio: 12
    • Ayudas para el Segmento I (10<50 empleados): 125 € por dispositivo (hasta 48 dispositivos)


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La plusvalía municipal, hoy un impuesto inconstitucional

El Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia del 26 de octubre de 2021, ha declarado la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), como norma que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como la plusvalía municipal. 

La Sentencia cierra la puerta a los recursos masivos por el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o impuesto de plusvalía municipal. 

De este modo, restringe la reclamación en masa y limita la posibilidad de solicitar la devolución de lo pagado, de modo que, ante la cuestión de si se puede recurrir (y con ello se anticipa a una posible avalancha de reclamaciones), contesta a la de quiénes no pueden recurrir.

El TC determina expresamente que no sólo no se podrán reclamar las situaciones que ya han sido juzgadas o resueltas en firme por la Administración, tal y como se anunciaba en la nota emitida tras el acuerdo del Pleno del TC, sino que tampoco podrán reclamar quienes tengan liquidaciones provisionales o definitivas, pero que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia (el 26 de octubre de 2021), así como también, las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada antes del fallo del TC.

Establece que “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma-26 de octubre de 2021- hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”.

En este sentido, el tribunal aclara que tendrán también la consideración de “situaciones consolidadas” las liquidaciones de la plusvalía municipal que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse sentencia.

¿Cómo reclamar una vez se pueda?

Hasta ahora se podía reclamar cuando el precio de venta es inferior a la compra. En estos casos, se puede acreditar la pérdida de valor en el inmueble mediante escritura de compra y venta del inmueble. También, puede aportarse un informe pericial emitido por una empresa tasadora, que acredite esa caída en el valor.

El plazo para poder recurrirlo es de 4 años, contados desde la fecha en que finalizó el plazo para presentar dicha declaración. Y se recurre mediante una solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, presentada ante el propio ayuntamiento en el que se pagó dicho impuesto. Si lo desestima, deberá realizarse un recurso de reposición ante el mismo ente o una reclamación económico-administrativa municipal competente.

Si también lo rechaza, se agota la vía administrativa, por lo que puede interponerse directamente la reclamación contencioso-administrativa antes de dos meses.

Tras la sentencia

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan este impuesto, en el TRLHL supone un vacío normativo que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este impuesto tributo local; por tanto, ha dejado de ser exigible. También ha dejado de percibirse ese ingreso, esencial para los Ayuntamientos. Muchos de ellos se plantean reclamar compensaciones por las pérdidas que puedan sufrir. Mientras, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un texto legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, mediante las modificaciones necesarias para adecuar este impuesto a las exigencias constitucionales.

Desde CE Consulting llevamos más de 30 años asesorando a empresas dentro del ámbito jurídico. Ofrecemos un servicio integral de alto valor en todos los campos del derecho. El equipo de profesionales de Abogados CE asesora y defiende los intereses de nuestros clientes con la máxima eficacia y rigor.

Fuente: https://ceconsulting.es/blog-ceconsulting/plusvalia-municipal-inconstitucional/

Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este 2021

Tras varias negociaciones el Gobierno y los sindicatos más representativos han acordado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2021.

El acuerdo finalmente adoptado ha sido de una subida de 15 euros por lo que el SMI ha pasado de ser de 950 euros bruto a 965 euros brutos mensuales o 31,16 euros en 14 pagas.

Dicha medida será aplicada a todos los trabajadores de cualquier sector de actividades que vinieran ganando el SMI, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, es decir, desde esta fecha cualquier trabajador deberá tener un salario bruto anual de 13.510 euros independientemente de cómo se reparta el salario a lo largo de los meses.

¿Cómo afecta la subida del SMI a las empresas?

Las empresas tendrán que revisar que todos sus trabajadores desde septiembre cobren los 13.510 euros anuales establecidos con la subida del SMI, esto quiere decir, que, si tiene trabajadores por debajo de este salario, le supondrá un mayor coste de salario y de seguridad social.

Para ello tendrán que tener en cuenta en la nómina de sus trabajadores los conceptos salariales o extrasalariales, ya que los distintos conceptos que se abonan en una nómina, esto es salario base más complementos, tienen una naturaleza determinada y habrá que analizar esa naturaleza para saber si se les tiene que aplicar la subida del SMI.

En trabajadores a tiempo parcial la subida irá en proporción a la jornada trabajada.

¿Cómo afecta la medida a los autónomos?

No a todos los autónomos les afectara de la misma forma, dependerá de la base de cotización que cada uno tenga establecido.

No obstante, un autónomo que tenga establecida la base mínima, es decir, 944,40 euros al mes, tendrá que pagar 289 euros. Mientras que un autónomo con la base máxima, 4.070,10 euros la cuota será de 1.245 euros. Lo que supone en cualquiera de los casos una subida de entre 12 y 15 euros.

Pero no solo les afectará a las cuotas de autónomos, ya que, si estos tienen a su vez, trabajadores a su cargo, también puede verse incrementado sus gastos si tienen trabajadores que estén ganando por debajo del SMI.

¿A qué más afecta la subida del SMI?

  • Todas las personas físicas que tengan a su cargo empleados del hogar, tendrán que aplicar dicha subida, por lo tanto, tendrán que pagar más salario y más seguridad social, ya qua se actualizan las bases de cotización mínimas en función de las horas y salario percibido, por lo que incrementará el coste de tenerlas contratadas.
  • Otra consecuencia de la subida, son los embargos de los salarios, que también tienen que ver con el SMI. La de Enjuiciamiento Civil explica que el SMI es inembargable.
  • Se verá afectado el cobro de subsidios para desempleados del SEPE, concretamente en el de mayores de 45 años con cargas familiares, la prestación para mayores de 52 años o la extraordinaria por estar sin trabajo. En todas ellas, el requisito que establece la Seguridad Social es el “carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo”. Por tanto, si ese SMI crece, lo hará también el tope, flexibilizándose, para acceder a ellas y ampliando sus posibles beneficiarios.
  • Las pensiones también podrán verse afectadas con las correspondientes subidas de cotizaciones y de bases reguladoras.

Artículo original: https://ceconsulting.es/blog-ceconsulting/subida-salario-minimo-interprofesional-smi/
Autora: Ángela Botello (Asesora Laboral)

¿Donativo o liberalidad?

La sentencia de 30 de marzo de 2021 del TS fija como doctrina que el art. 14.1.e) TRLIS debe interpretarse en el sentido de que sí serán deducibles aquellos gastos – contabilizados – título gratuito dirigidos a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Tradicionalmente, la AEAT ha venido estableciendo que si un gasto se puede calificar como donativo o liberalidad, automáticamente era un gasto deducible.

No obstante, lo novedoso de la STS es que se fija doctrina sobre la deducción de donativos o liberalidades, lo que pretende es decir que esos gastos, pudiendo ser calificados como donativos o liberalidades, son deducibles porque pretenden mejorar la capacidad económica de la empresa (sea de forma directa o indirecta, a corto o a largo plazo).

Una sentencia imprescindible para dotarnos de algún «as en la manga» en futuros procedimientos tributarios.

Estas son las novedades en las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial

En BOE de 13 de marzo se ha publicado el Real Decreto- Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, con entrada en vigor el 13 de marzo de 2021.

A destacar, la concesión de ayudas directas a autónomos y empresas con sede social en territorio español, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. Esta ayuda está especialmente dirigida a los sectores más afectados por la pandemia y cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído con respecto a 2019 más de un 30%. Además su actividad debe estar incluida en alguno de los códigos del CNAE- 09 recogidos en el Anexo I del RDL 5/2021.

Requisitos para poder acceder a las medidas de apoyo a la solvencia empresarial

Los destinatarios de estas ayudas deben cumplir determinados requisitos. Estos requisitos son:

  1. No tener su residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
  2. No estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud
  3. Estar al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
  4. No repartir dividendos durante 2021 y 2022,  ni  aprueben incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 2 años.
  5. Mantenimiento de su actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Ampliación del plazo de financiación

Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público previstos quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

Concurso

Hasta el 31 de diciembre de 2021 quedan afectadas las siguientes obligaciones o derechos dentro del concurso de acreedores: 

  1. Modificación del convenio. El concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.
  2. Liquidación de la masa activa. El deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.
  3. Acuerdos de refinanciación. El deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación.
  4. Solicitar la declaración de concurso: el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la ‘Ley Concursal’ comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
  5. Solicitudes de concurso necesario y concurso voluntario
    • Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. 
    • Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  6. En los incidentes que se incoen para resolver las demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
  7. Tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho: Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado».

Sociedades

Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se les aplicarán las siguientes medidas:

En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal.

En el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática.

Esto es sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías.

  1. Asistencia telemática.
  2. Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (mi) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia”

Novedades en el ámbito tributario dentro del plan de medidas de apoyo a la solvencia empresarial

En el ámbito tributario las novedades aprobadas son relativas a los aplazamientos de deudas tributaria, en concreto, se amplía de 3 a 4 meses el periodo en el que no se devengarán intereses de demora. El aplazamiento en el pago de deudas tributarias regulado por el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, se podrá realizar en todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, siempre que:

  1. Las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros.
  2. Las solicitudes sean presentadas por persona física o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 2020.
  3. El aplazamiento es aplicable a las deudas tributarias estatales, incluidas las siguientes:
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar el ingreso a cuenta. (modelos 115, 111, 123, etc).
    • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (modelo 303).
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades (modelo 202)
  4. Las condiciones del aplazamiento son:
  • Plazo único del aplazamiento: 6 meses.
  • No devenga de intereses de demora durante los 4 primeros meses del aplazamiento.