El Impuesto sobre Sociedades: qué es, quién está obligado a pagarlo y cómo se presenta

Son varios los impuestos que las empresas están obligadas a pagar. Entre ellos, encontramos el Impuesto sobre Sociedades. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre este.   

¿Qué es el Impuesto sobre Sociedades?

El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un tributo que deben pagar las empresas y que grava los beneficios que obtienen por su actividad.   

El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 25% y se aplica sobre el resultado contable de la empresa (ingresos menos gastos). Pero, además del tipo general, existen otros porcentajes de aplicación diferentes según sean:    

  • Entidades de nueva creación durante el primer periodo impositivo. Se aplica el 15%, excepto que tributen a un tipo inferior.  
  • Colegios profesionales y sindicatos cuyas actividades no estén exentas, tributan al 25%.   
  • Entidades cuya finalidad no sea lucrativa que cumplen la Ley 49/2002 y tributan al 10%.  
  • Entidades de fondos de regulación del mercado hipotecario que tributan al 1%.   
  • Fondos de pensiones que lo hacen al 0%.  

Dicho porcentaje se aplica sobre todo el territorio español, a excepción del País Vasco y Navarra, que tienen su propia regulación, aunque el gravamen es muy similar. Por otro lado, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades en las Islas Canarias es del 4%, con el fin de promover el desarrollo económico de la zona.  

Tipos nominal y efectivo

Al resultado contable se le tienen que aplicar deducciones y bonificaciones que hagan que se reduzca la cuantía que la empresa debe pagar.  

  • El tipo nominal es, por tanto, el impuesto que la empresa debe pagar sin aplicar dichas deducciones, y que es del 25% sobre los beneficios.  
  • El tipo efectivo es el que realmente se aplica teniendo en cuenta las posibles bonificaciones.  

Las deducciones y bonificaciones que se aplican tienen un sentido y están estipuladas por ley. Existen tres tipos:  

  • Técnicas.
  • Por doble imposición. 
  • Para incentivar determinadas actividades.  

Si quieres saber más sobre las deducciones y bonificaciones aplicables a las inversiones en innovación puedes leer el artículo Cómo beneficiarse de las deducciones de I+D+i en el Impuesto de Sociedades

¿Quién está obligado a pagar el Impuesto sobre Sociedades?  

El Impuesto sobre Sociedades deben pagarlo todas las empresas y personas jurídicas. Sin embargo, existen excepciones, como los entes del sector público, que están exentos del pago de este gravamen.   

Otras entidades están parcialmente exentas del pago del Impuesto sobre Sociedades como: las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, ONG, asociaciones empresariales y partidos políticos, entre otros.  

¿Cómo se calcula este gravamen?

Como hemos mencionado, el Impuesto sobre Sociedades grava los beneficios o resultados contables de las empresas, por lo que es fundamental llevar la contabilidad de una forma correcta para evitar errores.  

Para calcular la cantidad a pagar no bastará simplemente con restar los gastos a los ingresos y multiplicar el resultado por el 25% (o el porcentaje que corresponda). Es necesario realizar ajustes o correcciones, según los criterios establecidos por la Ley 27/2014 (Ley del Impuesto sobre Sociedades).  

Dichas correcciones pueden ser de carácter temporal o permanente y ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo: hay gastos pagados por la empresa que no podríamos declarar como tal porque fiscalmente no son deducibles, como ocurre con las multas de tráfico.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que se pueden aplicar beneficios fiscales que harán que la cantidad a pagar disminuya. La reserva de capitalización, por ejemplo, permite que la empresa aumente sus fondos a cambio de un menor reparto de beneficios de los socios. Además, es posible compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Al resultado que obtengamos se aplica el tipo de gravamen que corresponda y se le restan los pagos a cuenta ingresados durante el ejercicio de liquidación, así como las deducciones o bonificaciones a las que se tengan derecho.  

¿Cómo se presenta el Impuesto sobre Sociedades y cuándo se paga?

El Impuesto sobre Sociedades, Modelo 200, se presentará obligatoriamente por vía telemática. El plazo de presentación será los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Para los ejercicios que coincidan con el año natural se realiza del 1 al 25 de julio.  

Durante el ejercicio también se liquidarán los Pagos fraccionados, Modelo 202. Estos se deben pagar los 20 primeros días de los meses de abril, octubre y diciembre de cada año. Todas las empresas están obligadas a pagar el pago fraccionado en función de la modalidad de cálculo en la que estén dadas de alta, si: 

  • Modalidad artículo 40.2 LIS, si la cuota del último Impuesto sobre Sociedades presentado fue positiva. 
  • Modalidad artículo 40.3 LIS, resultado contable positivo de los 3, 9 y 11 meses del año.   

Las empresas no tendrán que presentar el pago a cuenta cuando la cuota del impuesto del último Impuesto sobre Sociedades presentado o los resultados acumulados del ejercicio sean cero o negativos, según la modalidad a la que estén acogidas.  

La liquidación del Impuesto sobre Sociedades requiere conocer la normativa legal en materia fiscal. Si necesitas asesoramiento, ponte en contacto con nuestro equipo de asesores fiscales de CE Consulting  o busca tu oficina más cercana. Asegúrate de realizar el Impuesto de la manera más beneficiosa para tu empresa y evita sanciones por desconocimiento de la normativa.  

Canal de denuncias: ¿Qué es? ¿Qué empresas tienen que implementarlo?

Con la entrada en vigor en 2021 de la Directiva 2019/1937 de la UE de Protección de los Denunciantes de Infracciones (Directiva Whistleblowing) se puso sobre la mesa la obligación de que las empresas habilitasen un canal de denuncias interno para que los empleados, o cualquier tercero que colabore con ellas, pueda formular denuncias de forma anónima. También para informar a la empresa sobre comportamientos alejados de la ética o presuntamente ilegales. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción, transponiendo la mencionada directiva europea. Debido a esta obligatoriedad, los canales de denuncia están en auge. En este artículo responderemos a las preguntas más frecuentes que suelen tener las empresas en relación a este asunto.

¿Qué es un canal de denuncias interno?

Un canal de denuncias interno consiste en un sistema de alertas. Este avisa a la unidad responsable de cumplimiento normativo y alta dirección sobre presuntas malas prácticas en la gestión de una empresa u organización. El objetivo es identificar dichas presuntas malas prácticas que puedan suponer un riesgo para la corporación y poder así combatirlas. En dicho canal, los denunciantes transmiten la información a través de un sistema seguro que debe evitar filtraciones que dañen la reputación de la empresa.

La prioridad de estos canales es proteger a las personas que denuncian, en especial, a las que trabajan en la organización o están relacionadas con esta. La herramienta tiene que permitir realizar el aviso de forma completamente confidencial y, en su caso, anónima, si el denunciante (alertador) así lo desea.

Algunas de las situaciones que se podrían denunciar por esta vía son:

  • posibles conductas y acciones consideradas ilegales con el desempeño del trabajo,
  • presunta gestión lucrativa de recursos de la empresa,
  • situaciones de discriminación o abuso sexual,
  • prácticas de corrupción, robos, fraudes, etc.

Requisitos mínimos del canal de denuncias

Además de ser eficaces, seguros y de garantizar la transparencia en su funcionamiento, todo canal de denuncias debe cumplir con cinco requisitos fundamentales:

  1. Asegurar el anonimato del denunciante y garantizar la confidencialidad de sus datos.
  2. Contar con una persona responsable de la gestión del mismo.
  3. Enviar el acuse de recibo al denunciante en un plazo máximo de siete días desde la recepción de la denuncia.
  4. Responder a la denuncia en un plazo máximo de tres meses a partir del acuse de recibo o, del vencimiento del plazo de siete días después de hacerse la denuncia.
  5. Permitir el acceso externo desde fuera de la propia red corporativa. No solo los trabajadores internos tienen derecho a denunciar. El canal debe ofrecer la posibilidad de ser utilizado por cualquier contraparte interesada para la empresa. La recomendación es ampliarse esta cobertura una vez que se han consolidado y verificado el adecuado funcionamiento de los cuatro puntos anteriores.

¿Qué no debe ser un canal de denuncias interno?

Hasta la fecha, y antes de la entrada en vigor del citado Reglamento Europeo, existía la falsa creencia que un canal de denuncias consistía en disponer de una cuenta de correo asignada para tal asunto y un despacho jurídico para su gestión.

Según Luis Rodríguez, director de Compliance de CE Consulting, “un canal de denuncias adecuado debe contar con protocolos tecnológicos que garanticen la no accesibilidad de contrapartes no autorizadas, accesos protegidos con claves y contraseñas, tecnología de seguridad que garantice la protección y salvaguarde de la información en él contenida. Además, debe contener un sistema de trazabilidad que permita garantizar los plazos y protecciones que hemos mencionado”.

¿Qué empresas están obligadas a tener un canal de denuncias?

Toda empresa privada que cuente con 50 trabajadores, o más, estará obligada a contar con un canal de denuncias. De la misma forma, las entidades públicas de menos de 50 trabajadores están obligadas a tener un canal de denuncias, siempre y cuando no pertenezcan a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Por otro lado, las empresas afectadas por ser consideradas “sujetos obligados” por la Ley de Blanqueo de Capitales, así como las que tengan un plan de Compliance, también están obligadas a disponer de un canal de denuncias, independientemente de su número de trabajadores.

Multas y sanciones

Las empresas que no implanten el canal de denuncias, según la ley, se enfrentarán a sanciones económicas. Pueden ser: graves (hasta 25.000 €); y muy graves (hasta 50.000 €). Además, en caso de brecha de seguridad que suponga la exposición de datos personales, se aplicará también la LOPDGRR/RGPD. Esta contempla sanciones de hasta 20 M€ o el 4% de la facturación anual de la empresa.

Además de estas sanciones, si surge un problema de corrupción y la empresa no dispone de un canal de denuncias, se le puede derivar responsabilidad penal. Esto se da cuando la empresa no toma las precauciones necesarias. Por ello, disponer del canal de denuncias es uno de los seis factores atenuantes o eximentes contemplados en el Código penal español.

Para Rafael Suñer, director del servicio de Vigilancia Normativa de CE Consulting, el canal de denuncias “supone una oportunidad fantástica de solucionar incidencias antes de que sean un asunto judicial e incluso, como un verdadero apoyo en futuras causas judiciales. Se ha convertido en el aliado perfecto de las empresas en conflictos que, en el pasado, suponían grandes quebraderos de cabeza”.

¿Quién gestiona el canal de denuncias?

La propia empresa debe establecer la persona encargada de gestionar las denuncias. Puede gestionarse a través de un departamento interno o bien externalizar esta tarea a un tercero especializado.

Los beneficios fundamentales de externalizar el canal radican en la garantía de imparcialidad y la permanente actualización de normativa y legislación de los profesionales que están a cargo de ofrecer este servicio. Además, de esta forma, se garantiza la empresa la confidencialidad y protección y salvaguarda de la información tratada, con independencia del criterio del mismo, y se evitan conflictos de interés. Desde CE Consulting aportamos este servicio de gestión, considerando todos los factores mencionados y adaptados a la compañía y sector.

¿Cuál es el plazo para adaptarse a la normativa?

Todas las empresas con más de 250 trabajadores ya deben disponer de un canal de denuncias. El plazo para adaptarse finalizó el 17 de diciembre de 2021. Para las empresas privadas de entre 50 a 249 trabajadores, el plazo termina el 17 de diciembre de 2023.

Como casos novedosos, están obligados a disponer de un canal de denuncias los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones.

¿Quién puede utilizarlo?

El canal de denuncias no debe estar disponible solo para los empleados de la organización. También debe estar disponible para terceros que tengan relación con la empresa. Por ejemplo: proveedores, administradores, socios o trabajadores autónomos que colaboren con ella.

¿Cuánto se tarda en implementarse un canal de denuncia?

La implantación de un canal de denuncia no culmina con la contratación tecnológica del mismo. Debe estar integrado en el sistema de compliance y / o de buen gobierno del que disponga la empresa o su sistema de prevención de blanqueo si se trata de empresa considerada “sujeto obligado”, según la citada ley.

Además del tiempo de implementación del canal, la empresa debe desarrollar acciones paralelas. Estas van desde informar y dar a conocer el canal de denuncias a todos los empleados y contrapartes, hasta formación para que los trabajadores y stakeholders sepan utilizar el sistema o resolver las dudas generadas.

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Plan de ahorro energético: medidas obligatorias para las empresas

El gobierno de España aprobó el pasado 1 de agosto un Plan de ahorro y eficiencia energética con el fin de lograr los objetivos del acuerdo europeo para la reducción del consumo energético en los países miembros. Este Plan queda recogido en el Real Decreto-ley 14/2022, publicado el 2 de agosto en el BOE.

Algunas de las medidas relativas a la temperatura e iluminación afectan a empresas y comercios. En este artículo os explicamos cuáles son, desde qué fecha deben cumplirse y cuáles son las sanciones asociadas.

¿Cuáles son los objetivos del Plan de ahorro energético?

Las medidas de ahorro energético tienen como objetivo principal cumplir con el acuerdo alcanzado en la Unión Europea. Este establece que todos los estados miembros reduzcan su consumo debido al contexto de crisis energética producido por la guerra en Ucrania.

Así, España se ha comprometido a reducir en un 7% el consumo de gas y el gobierno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de toda la sociedad – administraciones, ciudadanos y empresas – para lograr el objetivo.

¿Qué medidas de ahorro energético deben cumplir las empresas?

Las principales medidas encaminadas a reducir el gasto energético que afectan a las empresas son las siguientes:

  • Obligación de regular los aires acondicionados y la calefacción de forma que no superen los 27 grados en verano ni los 19 grados en invierno.
  • Garantizar una humedad ambiente entre el 30 y el 70%.
  • Apagar la iluminación de los escaparates en establecimientos comerciales a partir de las 22:00 horas.
  • Establecer un sistema efectivo de cierre de puertas en aquellos establecimientos con acceso directo a la calle cuando los sistemas de refrigeración y calefacción estén en funcionamiento.
  • Realizar una inspección de eficiencia energética extraordinaria si la última se había producido antes del 1 de enero de 2021.

Además, la norma establece que las empresas deberán:

  • Exponer cartelería que informe de la nueva ley y las medidas que establece.
  • Visibilizar a través de pantallas u otros dispositivos los límites establecidos para temperatura y humedad.
  • En ambos casos – carteles y pantallas – deben ser visibles desde la entrada o acceso.

Es importante señalar que todas estas medidas son adicionales a las que ya establece el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento a las grandes empresas para que fomenten el teletrabajo alegando el ahorro en desplazamientos y consumo energético en edificios que supone.

¿Quién debe cumplir esta nueva normativa?

El Real Decreto-Ley señala que en lo que respecta a la regulación de temperatura, esta debe implantarse en el interior de todos los edificios destinados a los siguientes usos:

  • Administrativos: incluyendo zonas de oficina vestíbulos y zonas de uso público.
  • Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes y centros comerciales o similares.
  • Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos y salas de exposiciones.
  • Espectáculos públicos y actividades recreativas.
  • Restauración: bares, restaurantes y cafetería.
  • Transporte de personas: estaciones y aeropuertos

¿Qué excepciones existen?

En cuanto al límite de temperatura, el real decreto especifica las siguientes exclusiones:

  • Hospitales, centros sanitarios y asistenciales
  • Colegios y centros de formación
  • Peluquerías
  • Lavanderías
  • Gimnasios
  • Medios de transporte (pero no las estaciones)
  • Habitaciones privadas de hoteles (pero sí deben cumplirse en el resto de los espacios)
  • Centros donde sea necesaria la exención por especificidades del sector o por condiciones laborales.

Por tanto, aquellos centros o establecimientos que no estén incluidos en este listado deberán justificar la no aplicación del límite de temperatura. Esta justificación deberá estar sustentada en la protección de la salud de los trabajadores o de los usuarios.

Por otro lado, la limitación a la iluminación no se aplicará en los monumentos que no sean edificios de uso público, especialmente si durante ese horario hay todavía gente visitándolos.

¿Qué plazos tienen las empresas para implantar el plan de ahorro energético?

El real decreto contempla diferentes plazos para las medidas que las empresas deben poner en marcha.

Temperatura y alumbrado

Según el RD-Ley, estas medidas deben quedar implementadas siete días después de la publicación del BOE, el pasado dos de agosto. Por tanto, desde el 9 de agosto de 2022 todas las empresas deben cumplir la nueva regulación térmica y de iluminación.

Esta regulación estará vigente hasta el 1 de noviembre de 2023.

Obligación de informar

Como ya hemos visto, los centros deberán informar con cartelería, así como pantallas y otros dispositivos de la nueva normativa y los límites de temperatura establecidos.

Estos elementos de visibilidad deben estar implantados antes del 2 de septiembre de 2022 y se mantendrá hasta el 1 de noviembre de 2023.

Cierre de puertas

Todos los establecimientos con salida directa al exterior deberán contar con un sistema de cierre automático antes del 30 de septiembre de 2022.

¿A qué sanciones se enfrentan las empresas?

Para las sanciones, el RD-ley 14/2022 no contiene un régimen sancionador propio, remitiéndose finalmente a la Ley 21/1992 de Industria y al régimen de general de infracciones y sanciones regulado en la misma. Esta ley establece tres tipos de infracciones:

  • Leves, con una multa de hasta 60.000 euros
  • Graves, con una multa de hasta 6 millones de euros
  • Muy graves, con multas de hasta 100 millones de euros

Como señala Raquel Fernández, abogada socia de Abogados CE, “la descripción de los tipos de infracciones que desarrolla la Ley 21/1992 es muy amplia y al no haberse establecido el régimen sancionador para las conductas reguladas en el Real Decreto de forma directa, se produce inseguridad jurídica por no estar reguladas las conductas tipificadas de una forma expresa”.

En cuanto a los sujetos responsables del régimen sancionador, se establece que será el propietario, director o gerente de la industria en que se compruebe la infracción, así como los organismos, entidades y, en general, las personas que participan en la utilización de las industrias, equipos y aparatos. Además, si hubiese más de un sujeto responsable de la infracción, podrán imponerse sanciones que tendrán entre sí el carácter de independiente.

¿Donativo o liberalidad?

La sentencia de 30 de marzo de 2021 del TS fija como doctrina que el art. 14.1.e) TRLIS debe interpretarse en el sentido de que sí serán deducibles aquellos gastos – contabilizados – título gratuito dirigidos a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Tradicionalmente, la AEAT ha venido estableciendo que si un gasto se puede calificar como donativo o liberalidad, automáticamente era un gasto deducible.

No obstante, lo novedoso de la STS es que se fija doctrina sobre la deducción de donativos o liberalidades, lo que pretende es decir que esos gastos, pudiendo ser calificados como donativos o liberalidades, son deducibles porque pretenden mejorar la capacidad económica de la empresa (sea de forma directa o indirecta, a corto o a largo plazo).

Una sentencia imprescindible para dotarnos de algún «as en la manga» en futuros procedimientos tributarios.

Estas son las novedades en las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial

En BOE de 13 de marzo se ha publicado el Real Decreto- Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, con entrada en vigor el 13 de marzo de 2021.

A destacar, la concesión de ayudas directas a autónomos y empresas con sede social en territorio español, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. Esta ayuda está especialmente dirigida a los sectores más afectados por la pandemia y cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído con respecto a 2019 más de un 30%. Además su actividad debe estar incluida en alguno de los códigos del CNAE- 09 recogidos en el Anexo I del RDL 5/2021.

Requisitos para poder acceder a las medidas de apoyo a la solvencia empresarial

Los destinatarios de estas ayudas deben cumplir determinados requisitos. Estos requisitos son:

  1. No tener su residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
  2. No estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud
  3. Estar al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
  4. No repartir dividendos durante 2021 y 2022,  ni  aprueben incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 2 años.
  5. Mantenimiento de su actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Ampliación del plazo de financiación

Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público previstos quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

Concurso

Hasta el 31 de diciembre de 2021 quedan afectadas las siguientes obligaciones o derechos dentro del concurso de acreedores: 

  1. Modificación del convenio. El concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.
  2. Liquidación de la masa activa. El deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.
  3. Acuerdos de refinanciación. El deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación.
  4. Solicitar la declaración de concurso: el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la ‘Ley Concursal’ comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
  5. Solicitudes de concurso necesario y concurso voluntario
    • Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. 
    • Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  6. En los incidentes que se incoen para resolver las demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
  7. Tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho: Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado».

Sociedades

Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se les aplicarán las siguientes medidas:

En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal.

En el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática.

Esto es sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías.

  1. Asistencia telemática.
  2. Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (mi) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia”

Novedades en el ámbito tributario dentro del plan de medidas de apoyo a la solvencia empresarial

En el ámbito tributario las novedades aprobadas son relativas a los aplazamientos de deudas tributaria, en concreto, se amplía de 3 a 4 meses el periodo en el que no se devengarán intereses de demora. El aplazamiento en el pago de deudas tributarias regulado por el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, se podrá realizar en todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, siempre que:

  1. Las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros.
  2. Las solicitudes sean presentadas por persona física o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 2020.
  3. El aplazamiento es aplicable a las deudas tributarias estatales, incluidas las siguientes:
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar el ingreso a cuenta. (modelos 115, 111, 123, etc).
    • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (modelo 303).
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades (modelo 202)
  4. Las condiciones del aplazamiento son:
  • Plazo único del aplazamiento: 6 meses.
  • No devenga de intereses de demora durante los 4 primeros meses del aplazamiento.

Las nuevas medidas sociales en defensa del empleo

El 30 de septiembre se ha publicado el Real Decreto Ley 30/2020 en el que se regulan los acuerdos para defensa del empleo.

En este artículo desglosamos todos los puntos que pueden ser de interés para ti. Comenzamos analizando los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la COVID-19 y sus medidas extraordinarias.

1.- Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 los ERTES de fuerza mayor.

2.- Nuevos procedimientos de ERTES

2.1.- Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad.

– Las empresas cualquier sector que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización de un ERTE por fuerza mayor, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento referidas:

a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 a o más personas trabajadoras, la exención alcanzará el 90 % de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.

– Las empresas y entidades de cualquier sector que en este caso vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad, podrán beneficiarse previa autorización de un ERTE de fuerza mayor por limitaciones, de los porcentajes de exoneración siguientes:

a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas a 29 de febrero de 2020.

b) En el caso de empresas con más de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020 la exención en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente.

2.2.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la COVID-19.

Podrá iniciarse mientras se encuentre en vigor un ERTE por fuerza mayor.

Los ya iniciados antes de este Decreto seguirán siendo aplicables en las mismas condiciones. No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del presente real decreto-ley.

La tramitación de estos ERTES son de igual procedimiento que el Decreto para esta situación de alerta sanitaria.

3.- Peculiaridades de estas medidas:

-Se sigue manteniendo los límites para la tramitación de los ERTES respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos.

– Salvaguarda del empleo. Se mantiene el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad y las empresas que se acojan a un nuevo ERTE quedarán comprometidas a un nuevo periodo de seis meses.

– Interrupción de los contratos temporales, se mantiene dicho precepto.

– No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los ERTES, salvo que no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas.

4.-Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad.

Se consideran aquellas empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo de este Real Decreto.

También podrán acceder a las exoneraciones aquellas empresas, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas, en los términos establecidos a continuación.

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las empresas antes referidas, las empresas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con estas empresas.

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y se tramitará y resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

– El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del expediente de regulación temporal de empleo prorrogado.

– La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días a contar desde la presentación de la solicitud, si no hubiera se considera silencio administrativo positivo.

Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente apartado, las siguientes empresas:

1.- Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente que tengan la consideración de pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad

2.- Empresas que pase de un ERTE por fuerza mayor a un ETOP cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el párrafo primero de este apartado.

3.- Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor, transiten desde ERTE por causas de fuerza mayor ETOP.

Exoneraciones:

a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020.

b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 a o más trabajadores a 29 de febrero de 2020.

5.- Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos

5.1.-A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

1.- Son requisitos para causar derecho a esta prestación:

-Estar en alta al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.

-Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

2.- La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

3-El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.

4.-Durante dicho cese se mantendrá el alta en autónomos y se entenderá como cotizado, quedando exonerado de las cotizaciones.

5.- El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

6.- La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

7.- El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse dentro de los primeros quince días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad.

5.2.-A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se definen a continuación aquellos trabajadores autónomos que reúnen los requisitos establecidos en este apartado.

-a) Los requisitos que deben concurrir para causar derecho a la prestación son los siguientes:

1.- Estar dado de alta y al corriente en el pago.

2.- No tener derecho a la prestación de cese de actividad

3.- No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al SMI.

4.- Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre del 2020.

– b) La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

-c) Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021.

-d) El percibo de la prestación será incompatible por un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI; con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad; con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

-e) Durante dicho cese se mantendrá el alta en autónomos y se entenderá como cotizado, quedando exonerado de las cotizaciones.

-f) Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran cotizando por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.

-g) A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.

6.- Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

1. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor de esta norma la prestación por cese de actividad podrán continuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión.

Asimismo, los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad.

El acceso a esta prórroga de la prestación o, en su caso, a la prestación exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.

La prestación de cese de actividad podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones aplicables en este supuesto las siguientes:

a) Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el SMI. En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del SMI.

b) La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le corresponda en función de la actividad.

c) Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena.

Este real decreto-ley entra en vigor el 30 de septiembre de 2020.

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