Ley Crea y Crece: cómo montar un negocio con un euro de capital inicial

Capital social para crear una empresa 

El punto más destacado es el de la eliminación de la exigencia de contar con 3.000 euros de capital social mínimo. Para ello se modifica el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con esta norma será posible montar una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un 1 euro. Esto va a suponer un abaratamiento de los costes de constitución.  

Sin embargo, la nueva ley establece que al menos el 20% de los beneficios obtenidos desde la creación de la empresa deberán destinarse a una reserva legal, hasta que alcance – junto al capital social – los 3.000 euros.  Actualmente es obligatorio destinar un 10% de los beneficios a la Reserva Legal hasta alcanzar el 20% del Capital Social. 

Además, con la nueva norma se ampliarán las opciones de los socios fundadores respecto al capital social que suscribirán en función de sus necesidades.  

Financiación y nuevos instrumentos 

Por un lado, la nueva ley introduce más flexibilidad para que las plataformas de micro financiación o crowdfunding presten sus servicios, adaptándose a la normativa europea. 

Por otro lado, amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir las entidades de capital riesgo. Esto facilita el acceso a financiación de empresas financieras con un componente tecnológico muy alto. 

Se reconoce la figura de los llamados fondos de deuda, como impulso a las herramientas para aliviar la situación de endeudamiento de algunas empresas y facilitar su crecimiento. 

Trámites 

Otro aspecto relevante que trae la norma es que se podrá dar de alta a la empresa desde el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). De esta manera, se establece un procedimiento más ágil que acortará plazos y costes. 

Además, la norma incorporará al catálogo nacional de actividades económicas exentas de licencia aquellas que al menos una Comunidad Autónoma haya considerado inocuas.  

Morosidad 

Otra novedad de la Ley Crea y Crece es la obligatoriedad de cumplir los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad. Aquellas empresas que no cumplan no podrán acceder a la contratación pública, a ninguna subvención pública, no podrán ser colaboradoras de la Administración y se les exigirá un certificado de cumplimiento de pago con subcontratistas. Para esto, se va a crear el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará un seguimiento de datos sobre plazos de pagos y buenas prácticas empresariales.  

Esta entidad publicará cada año una “lista negra” con las empresas que incumplan los plazos estipulados en la Ley de Morosidad. Es decir, 30 días desde la entrega de la mercancía o la prestación del servicio, o bien de hasta 60 días si ambas partes lo han pactado. Las empresas que acumulen 600.000 euros en facturas no pagadas y cuyos pagos fuera de plazo a proveedores superen el 10% del ejercicio anterior, entrarán a formar parte de este registro. 

En este apartado, la norma también indica que será obligatorio para las empresas expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos. Con esta medida se garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. 

Con la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, los autónomos van a estar obligados a implementar la factura electrónica en sus negocios. A pesar de ello, se espera que se apruebe algún plazo transitorio. Los expertos apuntan a que probablemente este punto entre en vigor en 2023. 

Sanciones contra la morosidad

Con relación a las sanciones, la Ley no recoge ninguna concreta ante este incumplimiento. Este régimen sancionador, pese a que fue una proposición de ley avalada por toda la Cámara y ha sido reclamado por asociaciones de pymes y autónomos.  

La única “sanción” acordada por la Ley Crea y Crece es la de prohibir que las empresas morosas accedan a subvenciones que superen los 30.000 euros.  

Sociedad de Beneficio e Interés Común o SBIC 

La nueva Ley reconocerá la figura de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). Estas son aquellas sociedades de capital que, voluntariamente, decidan recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de un impacto positivo a nivel social y medio ambiental a través de su actividad.  

Para ser reconocidas como tal, deberán someterse a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Además, quedarán sujetas a verificación externa para garantizar su desempeño en estos objetivos. 

¿Qué deducciones puedes aplicar en tu declaración de la renta en 2022?

En tu declaración de la renta en 2022 puedes aplicar una serie de deducciones para conseguir reducir el importe que pagues a Hacienda o, lo ideal, que la declaración de la renta te salga a devolver.

Por eso es muy importante que conozcas las más habituales y revises si puedes aplicar alguna de ellas. Te resumimos en este artículo las principales.

Deducción por hipoteca

Si compraste tu vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013, puedes optar a la deducción. En concreto, un importe del 15% de los pagos que hayas realizado durante el año, con un límite máximo de 9040 euros.

Desgravar el alquiler

Continuando con la vivienda, si la alquilaste antes del 1 de enero de 2015 podrás aplicarte una deducción. Esta desgravación estatal, además, es compatible con las que aprueben las Comunidades Autónomas por el mismo motivo.

Deducciones por planes de pensiones

Al realizar aportaciones a los planes de pensiones, se puede computar una reducción en la declaración de la renta por la cantidad aportada. Con los siguientes límites:

  • El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, o
  • 2.000 euros anuales.

Desgravación de donativos a entidades religiosas o sin ánimo de lucro

Realizar aportaciones a este tipo de entidades permite deducir en tu renta:

  • El 80% sobre los primeros 150 euros de donativo.
  • El 35% sobre el exceso. En caso de donativos recurrentes el porcentaje será del 40%.

Deducciones por aportaciones a partidos políticos y cuotas de afiliación

Estas aportaciones dan derecho a una deducción del 20% de las cantidades aportadas, con el límite de 600 euros.

Otras deducciones para tener en cuenta

Además de las deducciones, mencionadas, es importante que revises las deducciones que tu Comunidad Autónoma haya podido establecer y tengas en cuenta otras que a veces se pasan por alto como son:

  • Deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas
  • Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial
  • Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla
  • Deducción por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Mundial

Y, por último, no olvides tener en cuenta aquellas sobre las que, si no has solicitado el abono anticipado, podrás deducirte en tu IRPF hasta 1.200 euros al año por cada una de ellas:

  • Maternidad: para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años.
  • Discapacidad: para personas con ascendientes o descendientes discapacitados a su cargo.
  • Familia monoparental con dos hijos: sin derecho a percibir anualidades por alimentos y con derecho a la aplicación total del mínimo por descendientes.
  • Familia numerosa: para los ascendientes que formen parte de una familia numerosa.

¿Sabías que la media de ahorro es de casi 3000 euros y hasta 1300 para las rentas menores de 21.000 euros? Asegúrate de incorporar todas las deducciones y bonificaciones a tu declaración. Contacta con nosotros 

La plusvalía municipal, hoy un impuesto inconstitucional

El Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia del 26 de octubre de 2021, ha declarado la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), como norma que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como la plusvalía municipal. 

La Sentencia cierra la puerta a los recursos masivos por el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o impuesto de plusvalía municipal. 

De este modo, restringe la reclamación en masa y limita la posibilidad de solicitar la devolución de lo pagado, de modo que, ante la cuestión de si se puede recurrir (y con ello se anticipa a una posible avalancha de reclamaciones), contesta a la de quiénes no pueden recurrir.

El TC determina expresamente que no sólo no se podrán reclamar las situaciones que ya han sido juzgadas o resueltas en firme por la Administración, tal y como se anunciaba en la nota emitida tras el acuerdo del Pleno del TC, sino que tampoco podrán reclamar quienes tengan liquidaciones provisionales o definitivas, pero que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia (el 26 de octubre de 2021), así como también, las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada antes del fallo del TC.

Establece que “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma-26 de octubre de 2021- hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”.

En este sentido, el tribunal aclara que tendrán también la consideración de “situaciones consolidadas” las liquidaciones de la plusvalía municipal que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse sentencia.

¿Cómo reclamar una vez se pueda?

Hasta ahora se podía reclamar cuando el precio de venta es inferior a la compra. En estos casos, se puede acreditar la pérdida de valor en el inmueble mediante escritura de compra y venta del inmueble. También, puede aportarse un informe pericial emitido por una empresa tasadora, que acredite esa caída en el valor.

El plazo para poder recurrirlo es de 4 años, contados desde la fecha en que finalizó el plazo para presentar dicha declaración. Y se recurre mediante una solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, presentada ante el propio ayuntamiento en el que se pagó dicho impuesto. Si lo desestima, deberá realizarse un recurso de reposición ante el mismo ente o una reclamación económico-administrativa municipal competente.

Si también lo rechaza, se agota la vía administrativa, por lo que puede interponerse directamente la reclamación contencioso-administrativa antes de dos meses.

Tras la sentencia

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan este impuesto, en el TRLHL supone un vacío normativo que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este impuesto tributo local; por tanto, ha dejado de ser exigible. También ha dejado de percibirse ese ingreso, esencial para los Ayuntamientos. Muchos de ellos se plantean reclamar compensaciones por las pérdidas que puedan sufrir. Mientras, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un texto legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, mediante las modificaciones necesarias para adecuar este impuesto a las exigencias constitucionales.

Desde CE Consulting llevamos más de 30 años asesorando a empresas dentro del ámbito jurídico. Ofrecemos un servicio integral de alto valor en todos los campos del derecho. El equipo de profesionales de Abogados CE asesora y defiende los intereses de nuestros clientes con la máxima eficacia y rigor.

Fuente: https://ceconsulting.es/blog-ceconsulting/plusvalia-municipal-inconstitucional/

¿Donativo o liberalidad?

La sentencia de 30 de marzo de 2021 del TS fija como doctrina que el art. 14.1.e) TRLIS debe interpretarse en el sentido de que sí serán deducibles aquellos gastos – contabilizados – título gratuito dirigidos a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Tradicionalmente, la AEAT ha venido estableciendo que si un gasto se puede calificar como donativo o liberalidad, automáticamente era un gasto deducible.

No obstante, lo novedoso de la STS es que se fija doctrina sobre la deducción de donativos o liberalidades, lo que pretende es decir que esos gastos, pudiendo ser calificados como donativos o liberalidades, son deducibles porque pretenden mejorar la capacidad económica de la empresa (sea de forma directa o indirecta, a corto o a largo plazo).

Una sentencia imprescindible para dotarnos de algún «as en la manga» en futuros procedimientos tributarios.

Estas son las novedades en las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial

En BOE de 13 de marzo se ha publicado el Real Decreto- Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, con entrada en vigor el 13 de marzo de 2021.

A destacar, la concesión de ayudas directas a autónomos y empresas con sede social en territorio español, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. Esta ayuda está especialmente dirigida a los sectores más afectados por la pandemia y cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído con respecto a 2019 más de un 30%. Además su actividad debe estar incluida en alguno de los códigos del CNAE- 09 recogidos en el Anexo I del RDL 5/2021.

Requisitos para poder acceder a las medidas de apoyo a la solvencia empresarial

Los destinatarios de estas ayudas deben cumplir determinados requisitos. Estos requisitos son:

  1. No tener su residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
  2. No estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud
  3. Estar al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
  4. No repartir dividendos durante 2021 y 2022,  ni  aprueben incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 2 años.
  5. Mantenimiento de su actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Ampliación del plazo de financiación

Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público previstos quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

Concurso

Hasta el 31 de diciembre de 2021 quedan afectadas las siguientes obligaciones o derechos dentro del concurso de acreedores: 

  1. Modificación del convenio. El concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.
  2. Liquidación de la masa activa. El deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.
  3. Acuerdos de refinanciación. El deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación.
  4. Solicitar la declaración de concurso: el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la ‘Ley Concursal’ comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
  5. Solicitudes de concurso necesario y concurso voluntario
    • Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. 
    • Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  6. En los incidentes que se incoen para resolver las demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
  7. Tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho: Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado».

Sociedades

Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se les aplicarán las siguientes medidas:

En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal.

En el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática.

Esto es sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías.

  1. Asistencia telemática.
  2. Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (mi) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia”

Novedades en el ámbito tributario dentro del plan de medidas de apoyo a la solvencia empresarial

En el ámbito tributario las novedades aprobadas son relativas a los aplazamientos de deudas tributaria, en concreto, se amplía de 3 a 4 meses el periodo en el que no se devengarán intereses de demora. El aplazamiento en el pago de deudas tributarias regulado por el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, se podrá realizar en todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, siempre que:

  1. Las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros.
  2. Las solicitudes sean presentadas por persona física o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 2020.
  3. El aplazamiento es aplicable a las deudas tributarias estatales, incluidas las siguientes:
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar el ingreso a cuenta. (modelos 115, 111, 123, etc).
    • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (modelo 303).
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades (modelo 202)
  4. Las condiciones del aplazamiento son:
  • Plazo único del aplazamiento: 6 meses.
  • No devenga de intereses de demora durante los 4 primeros meses del aplazamiento.

Las nuevas medidas sociales en defensa del empleo

El 30 de septiembre se ha publicado el Real Decreto Ley 30/2020 en el que se regulan los acuerdos para defensa del empleo.

En este artículo desglosamos todos los puntos que pueden ser de interés para ti. Comenzamos analizando los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la COVID-19 y sus medidas extraordinarias.

1.- Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 los ERTES de fuerza mayor.

2.- Nuevos procedimientos de ERTES

2.1.- Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad.

– Las empresas cualquier sector que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización de un ERTE por fuerza mayor, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento referidas:

a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020.

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 a o más personas trabajadoras, la exención alcanzará el 90 % de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.

– Las empresas y entidades de cualquier sector que en este caso vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad, podrán beneficiarse previa autorización de un ERTE de fuerza mayor por limitaciones, de los porcentajes de exoneración siguientes:

a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas a 29 de febrero de 2020.

b) En el caso de empresas con más de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020 la exención en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente.

2.2.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la COVID-19.

Podrá iniciarse mientras se encuentre en vigor un ERTE por fuerza mayor.

Los ya iniciados antes de este Decreto seguirán siendo aplicables en las mismas condiciones. No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del presente real decreto-ley.

La tramitación de estos ERTES son de igual procedimiento que el Decreto para esta situación de alerta sanitaria.

3.- Peculiaridades de estas medidas:

-Se sigue manteniendo los límites para la tramitación de los ERTES respecto de las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos.

– Salvaguarda del empleo. Se mantiene el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad y las empresas que se acojan a un nuevo ERTE quedarán comprometidas a un nuevo periodo de seis meses.

– Interrupción de los contratos temporales, se mantiene dicho precepto.

– No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los ERTES, salvo que no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas.

4.-Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad.

Se consideran aquellas empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo de este Real Decreto.

También podrán acceder a las exoneraciones aquellas empresas, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas, en los términos establecidos a continuación.

Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de las empresas antes referidas, las empresas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con estas empresas.

La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 y se tramitará y resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

– El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del expediente de regulación temporal de empleo prorrogado.

– La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días a contar desde la presentación de la solicitud, si no hubiera se considera silencio administrativo positivo.

Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente apartado, las siguientes empresas:

1.- Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente que tengan la consideración de pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad

2.- Empresas que pase de un ERTE por fuerza mayor a un ETOP cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el párrafo primero de este apartado.

3.- Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor, transiten desde ERTE por causas de fuerza mayor ETOP.

Exoneraciones:

a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020.

b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 a o más trabajadores a 29 de febrero de 2020.

5.- Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos

5.1.-A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria.

1.- Son requisitos para causar derecho a esta prestación:

-Estar en alta al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad.

-Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

2.- La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

3-El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del mes en que se acuerde el levantamiento de la misma.

4.-Durante dicho cese se mantendrá el alta en autónomos y se entenderá como cotizado, quedando exonerado de las cotizaciones.

5.- El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI, con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

6.- La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

7.- El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo deberá solicitarse dentro de los primeros quince días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad.

5.2.-A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se definen a continuación aquellos trabajadores autónomos que reúnen los requisitos establecidos en este apartado.

-a) Los requisitos que deben concurrir para causar derecho a la prestación son los siguientes:

1.- Estar dado de alta y al corriente en el pago.

2.- No tener derecho a la prestación de cese de actividad

3.- No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del ejercicio 2020 superiores al SMI.

4.- Sufrir, en el cuarto trimestre del 2020, una reducción en los ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en relación a los ingresos habidos en el primer trimestre del 2020.

– b) La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada.

-c) Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 15 días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021.

-d) El percibo de la prestación será incompatible por un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del SMI; con el desempeño de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes de una sociedad; con la percepción de una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

-e) Durante dicho cese se mantendrá el alta en autónomos y se entenderá como cotizado, quedando exonerado de las cotizaciones.

-f) Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran cotizando por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.

-g) A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas.

6.- Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

1. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor de esta norma la prestación por cese de actividad podrán continuar percibiéndola hasta el 31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión.

Asimismo, los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de actividad.

El acceso a esta prórroga de la prestación o, en su caso, a la prestación exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente.

La prestación de cese de actividad podrá ser compatible con el trabajo por cuenta ajena, siendo las condiciones aplicables en este supuesto las siguientes:

a) Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el SMI. En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del SMI.

b) La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le corresponda en función de la actividad.

c) Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena.

Este real decreto-ley entra en vigor el 30 de septiembre de 2020.

Audiencia Nacional: Los permisos retribuidos están ligados al tiempo de trabajo

Para la Audiencia Nacional, los trabajadores no pueden reclamar los permisos de trabajo retribuidos cuando la causa se dé durante el periodo de vacaciones.

Los permisos retribuidos vienen regulados en el art. 37.3 del Estatuto, siendo completada por el Convenio Colectivo de aplicación conforme a la Directiva 2003/88.

TJUE: Permisos de trabajo retribuidos

Ello es así porque el TJUE en su sentencia de 4 de junio de 2020, asunto C-588/18, resolvió que cuando los permisos retribuidos coincidan con vacaciones anuales o descansos semanales no cabe postergarlos a otra fecha distinta para su disfrute, estableciendo:

«Los artículos 5 y 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 , relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una normativa nacional que no permite a los trabajadores reclamar el disfrute de los permisos retribuidos que contempla esta normativa en días en los que estos trabajadores deben trabajar cuando las necesidades y obligaciones para las que están previstos se produzcan durante los períodos de descanso semanal o de vacaciones anuales retribuidas contemplados en estos artículos.»

Audiencia Nacional: Permisos de trabajo retribuidos

La Audiencia Nacional en su Sentencia 47/2020, de 6 de Julio, siguiendo el criterio del TJUE, desestima la pretensión relativa a que, cuando los hechos o causas que justifican la concesión de cualesquiera de los permisos retribuidos tengan lugar durante un período de vacaciones, estos deberían poder disfrutarlos durante un período de trabajo subsiguiente. Para la Audiencia Nacional, están contemplados en el convenio están indisociablemente ligados al tiempo de trabajo como tal, de modo que los trabajadores no pueden reclamarlos en periodos de vacaciones anuales retribuidas.

Con ello, entendemos, se da por cerrado el debate, diferenciando entre una situación de Incapacidad Temporal surgida durante las vacaciones a un permiso retribuido, habida cuenta de las diferentes finalidades de estos dos tipos de situaciones.

El TJUE ha concluido que un trabajador que se encuentre de baja por enfermedad durante un período de vacaciones anuales fijado previamente tiene derecho, a petición suya y al objeto de poder disfrutar efectivamente sus vacaciones anuales, a tomarlas en fecha distinta a la de la baja por enfermedad.

Sin embargo, en el caso de estos permisos, la normativa que los establece reconoce a los trabajadores, cuando se produzcan los hechos a que esta se refiere, el derecho a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración.

Conclusión

El disfrute de estos permisos está sujeto al cumplimiento de dos requisitos: el acaecimiento de alguno de los hechos contemplados en dicha normativa, y el hecho de que las necesidades u obligaciones que justifican la concesión de un permiso retribuido ocurran durante un periodo de trabajo.

Por otro lado, en la medida en que únicamente tienen por objeto permitir a los trabajadores ausentarse del trabajo para atender a ciertas necesidades u obligaciones determinadas que requieren de su asistencia personal, los permisos retribuidos contemplados en el precepto convencional están indisociablemente ligados al tiempo de trabajo como tal, de modo que los trabajadores no pueden reclamarlos en periodos de vacaciones anuales retribuidas, sin que estos permisos sean asimilables a la baja por enfermedad y sin que se puedan conceder haciendo caso omiso de los requisitos de obtención y concesión establecidos en el convenio.

Tarifa plana a todos los autónomos sin distinción, según tres sentencias del Tribunal Supremo

Tras tres sentencias del Tribunal Supremo en el que concedían a los autónomos societarios el derecho a acogerse a la tarifa plana de los autónomos, ha hecho que Seguridad Social finalmente acepte este derecho para todos los autónomos sin distinción.

Por ello, al existir ya doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de lo dispuesto en el precepto, la Tesorería señala que «procede modificar el criterio que ha venido manteniendo de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 2/2007, del Estatuto del Trabajador Autónomo».

Seguridad Social reconocerá como estimatoria los recursos de alzada que estaban pendientes de resolver y los que se presenté a partir de ahora siempre que se cumpla con los requisitos para su concesión. Así mismo aclara, que los que fueron anteriormente denegados podrán volver a reclamarlos, solo así se procederá a su concesión.

Recordamos que las reducciones consistían en:

  • Primeros 12 meses: Cuota de 60 euros para las nuevas altas.
  • Meses 12 a 18 meses: 50% de reducción durante el segundo semestre.
  • Meses 18 a 24 meses: 30% de reducción durante el siguiente semestre.

Para más información póngase en contacto con su asesor laboral.

COVID-19: Guías Prácticas. El ERTE por causas de fuerza mayor

El Gobierno ha agilizado la tramitación de los expedientes de regulación temporal para todas aquellas empresas afectadas por el COVID-19. Además, se han establecido modificaciones extraordinarias encaminadas a proteger a las empresas y a los trabajadores.

En esta situación, son muchas las empresas que están planteándose un ERTE para paliar los efectos económicos que el coronavirus está provocando. Por ello, con el objetivo de ayudar a las empresas como siempre hemos hecho, desde CE Consulting queremos resolver en esta guía las principales dudas que pueden surgir.

Descarga la guía aquí.

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Moratoria en la renta de los alquileres de local y otras medidas

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Abril 2020

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo y que ha sido publicado en el BOE número 112, de 22 de abril de 2020. En cuanto a medidas en ámbito jurídico, destaca la moratoria de los alquileres de locales.

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