La plusvalía municipal, hoy un impuesto inconstitucional

El Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia del 26 de octubre de 2021, ha declarado la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), como norma que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como la plusvalía municipal. 

La Sentencia cierra la puerta a los recursos masivos por el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o impuesto de plusvalía municipal. 

De este modo, restringe la reclamación en masa y limita la posibilidad de solicitar la devolución de lo pagado, de modo que, ante la cuestión de si se puede recurrir (y con ello se anticipa a una posible avalancha de reclamaciones), contesta a la de quiénes no pueden recurrir.

El TC determina expresamente que no sólo no se podrán reclamar las situaciones que ya han sido juzgadas o resueltas en firme por la Administración, tal y como se anunciaba en la nota emitida tras el acuerdo del Pleno del TC, sino que tampoco podrán reclamar quienes tengan liquidaciones provisionales o definitivas, pero que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia (el 26 de octubre de 2021), así como también, las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada antes del fallo del TC.

Establece que “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma-26 de octubre de 2021- hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”.

En este sentido, el tribunal aclara que tendrán también la consideración de “situaciones consolidadas” las liquidaciones de la plusvalía municipal que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse sentencia.

¿Cómo reclamar una vez se pueda?

Hasta ahora se podía reclamar cuando el precio de venta es inferior a la compra. En estos casos, se puede acreditar la pérdida de valor en el inmueble mediante escritura de compra y venta del inmueble. También, puede aportarse un informe pericial emitido por una empresa tasadora, que acredite esa caída en el valor.

El plazo para poder recurrirlo es de 4 años, contados desde la fecha en que finalizó el plazo para presentar dicha declaración. Y se recurre mediante una solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, presentada ante el propio ayuntamiento en el que se pagó dicho impuesto. Si lo desestima, deberá realizarse un recurso de reposición ante el mismo ente o una reclamación económico-administrativa municipal competente.

Si también lo rechaza, se agota la vía administrativa, por lo que puede interponerse directamente la reclamación contencioso-administrativa antes de dos meses.

Tras la sentencia

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan este impuesto, en el TRLHL supone un vacío normativo que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este impuesto tributo local; por tanto, ha dejado de ser exigible. También ha dejado de percibirse ese ingreso, esencial para los Ayuntamientos. Muchos de ellos se plantean reclamar compensaciones por las pérdidas que puedan sufrir. Mientras, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un texto legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, mediante las modificaciones necesarias para adecuar este impuesto a las exigencias constitucionales.

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