La plusvalía municipal, hoy un impuesto inconstitucional

El Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia del 26 de octubre de 2021, ha declarado la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), como norma que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como la plusvalía municipal. 

La Sentencia cierra la puerta a los recursos masivos por el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o impuesto de plusvalía municipal. 

De este modo, restringe la reclamación en masa y limita la posibilidad de solicitar la devolución de lo pagado, de modo que, ante la cuestión de si se puede recurrir (y con ello se anticipa a una posible avalancha de reclamaciones), contesta a la de quiénes no pueden recurrir.

El TC determina expresamente que no sólo no se podrán reclamar las situaciones que ya han sido juzgadas o resueltas en firme por la Administración, tal y como se anunciaba en la nota emitida tras el acuerdo del Pleno del TC, sino que tampoco podrán reclamar quienes tengan liquidaciones provisionales o definitivas, pero que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia (el 26 de octubre de 2021), así como también, las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada antes del fallo del TC.

Establece que “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma-26 de octubre de 2021- hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme”.

En este sentido, el tribunal aclara que tendrán también la consideración de “situaciones consolidadas” las liquidaciones de la plusvalía municipal que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse sentencia.

¿Cómo reclamar una vez se pueda?

Hasta ahora se podía reclamar cuando el precio de venta es inferior a la compra. En estos casos, se puede acreditar la pérdida de valor en el inmueble mediante escritura de compra y venta del inmueble. También, puede aportarse un informe pericial emitido por una empresa tasadora, que acredite esa caída en el valor.

El plazo para poder recurrirlo es de 4 años, contados desde la fecha en que finalizó el plazo para presentar dicha declaración. Y se recurre mediante una solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos, presentada ante el propio ayuntamiento en el que se pagó dicho impuesto. Si lo desestima, deberá realizarse un recurso de reposición ante el mismo ente o una reclamación económico-administrativa municipal competente.

Si también lo rechaza, se agota la vía administrativa, por lo que puede interponerse directamente la reclamación contencioso-administrativa antes de dos meses.

Tras la sentencia

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan este impuesto, en el TRLHL supone un vacío normativo que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este impuesto tributo local; por tanto, ha dejado de ser exigible. También ha dejado de percibirse ese ingreso, esencial para los Ayuntamientos. Muchos de ellos se plantean reclamar compensaciones por las pérdidas que puedan sufrir. Mientras, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un texto legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, mediante las modificaciones necesarias para adecuar este impuesto a las exigencias constitucionales.

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Fuente: https://ceconsulting.es/blog-ceconsulting/plusvalia-municipal-inconstitucional/

Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este 2021

Tras varias negociaciones el Gobierno y los sindicatos más representativos han acordado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2021.

El acuerdo finalmente adoptado ha sido de una subida de 15 euros por lo que el SMI ha pasado de ser de 950 euros bruto a 965 euros brutos mensuales o 31,16 euros en 14 pagas.

Dicha medida será aplicada a todos los trabajadores de cualquier sector de actividades que vinieran ganando el SMI, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, es decir, desde esta fecha cualquier trabajador deberá tener un salario bruto anual de 13.510 euros independientemente de cómo se reparta el salario a lo largo de los meses.

¿Cómo afecta la subida del SMI a las empresas?

Las empresas tendrán que revisar que todos sus trabajadores desde septiembre cobren los 13.510 euros anuales establecidos con la subida del SMI, esto quiere decir, que, si tiene trabajadores por debajo de este salario, le supondrá un mayor coste de salario y de seguridad social.

Para ello tendrán que tener en cuenta en la nómina de sus trabajadores los conceptos salariales o extrasalariales, ya que los distintos conceptos que se abonan en una nómina, esto es salario base más complementos, tienen una naturaleza determinada y habrá que analizar esa naturaleza para saber si se les tiene que aplicar la subida del SMI.

En trabajadores a tiempo parcial la subida irá en proporción a la jornada trabajada.

¿Cómo afecta la medida a los autónomos?

No a todos los autónomos les afectara de la misma forma, dependerá de la base de cotización que cada uno tenga establecido.

No obstante, un autónomo que tenga establecida la base mínima, es decir, 944,40 euros al mes, tendrá que pagar 289 euros. Mientras que un autónomo con la base máxima, 4.070,10 euros la cuota será de 1.245 euros. Lo que supone en cualquiera de los casos una subida de entre 12 y 15 euros.

Pero no solo les afectará a las cuotas de autónomos, ya que, si estos tienen a su vez, trabajadores a su cargo, también puede verse incrementado sus gastos si tienen trabajadores que estén ganando por debajo del SMI.

¿A qué más afecta la subida del SMI?

  • Todas las personas físicas que tengan a su cargo empleados del hogar, tendrán que aplicar dicha subida, por lo tanto, tendrán que pagar más salario y más seguridad social, ya qua se actualizan las bases de cotización mínimas en función de las horas y salario percibido, por lo que incrementará el coste de tenerlas contratadas.
  • Otra consecuencia de la subida, son los embargos de los salarios, que también tienen que ver con el SMI. La de Enjuiciamiento Civil explica que el SMI es inembargable.
  • Se verá afectado el cobro de subsidios para desempleados del SEPE, concretamente en el de mayores de 45 años con cargas familiares, la prestación para mayores de 52 años o la extraordinaria por estar sin trabajo. En todas ellas, el requisito que establece la Seguridad Social es el “carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo”. Por tanto, si ese SMI crece, lo hará también el tope, flexibilizándose, para acceder a ellas y ampliando sus posibles beneficiarios.
  • Las pensiones también podrán verse afectadas con las correspondientes subidas de cotizaciones y de bases reguladoras.

Artículo original: https://ceconsulting.es/blog-ceconsulting/subida-salario-minimo-interprofesional-smi/
Autora: Ángela Botello (Asesora Laboral)

¿Donativo o liberalidad?

La sentencia de 30 de marzo de 2021 del TS fija como doctrina que el art. 14.1.e) TRLIS debe interpretarse en el sentido de que sí serán deducibles aquellos gastos – contabilizados – título gratuito dirigidos a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Tradicionalmente, la AEAT ha venido estableciendo que si un gasto se puede calificar como donativo o liberalidad, automáticamente era un gasto deducible.

No obstante, lo novedoso de la STS es que se fija doctrina sobre la deducción de donativos o liberalidades, lo que pretende es decir que esos gastos, pudiendo ser calificados como donativos o liberalidades, son deducibles porque pretenden mejorar la capacidad económica de la empresa (sea de forma directa o indirecta, a corto o a largo plazo).

Una sentencia imprescindible para dotarnos de algún «as en la manga» en futuros procedimientos tributarios.

Estas son las novedades en las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial

En BOE de 13 de marzo se ha publicado el Real Decreto- Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, con entrada en vigor el 13 de marzo de 2021.

A destacar, la concesión de ayudas directas a autónomos y empresas con sede social en territorio español, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital. Esta ayuda está especialmente dirigida a los sectores más afectados por la pandemia y cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído con respecto a 2019 más de un 30%. Además su actividad debe estar incluida en alguno de los códigos del CNAE- 09 recogidos en el Anexo I del RDL 5/2021.

Requisitos para poder acceder a las medidas de apoyo a la solvencia empresarial

Los destinatarios de estas ayudas deben cumplir determinados requisitos. Estos requisitos son:

  1. No tener su residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
  2. No estar en concurso ni haber cesado la actividad en el momento de la solicitud
  3. Estar al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
  4. No repartir dividendos durante 2021 y 2022,  ni  aprueben incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de 2 años.
  5. Mantenimiento de su actividad hasta el 30 de junio de 2022.

Ampliación del plazo de financiación

Cuando exista garantía real inscribible, las escrituras de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público previstos quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este impuesto.

Concurso

Hasta el 31 de diciembre de 2021 quedan afectadas las siguientes obligaciones o derechos dentro del concurso de acreedores: 

  1. Modificación del convenio. El concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.
  2. Liquidación de la masa activa. El deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.
  3. Acuerdos de refinanciación. El deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá modificar el acuerdo que tuviera en vigor o alcanzar otro nuevo, aunque no haya transcurrido un año de la anterior homologación.
  4. Solicitar la declaración de concurso: el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. El cómputo del plazo de dos meses para solicitar la declaración del concurso previsto en el artículo 5.1 del texto refundido de la ‘Ley Concursal’ comenzará a contar el día siguiente a dicha fecha.
  5. Solicitudes de concurso necesario y concurso voluntario
    • Hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. 
    • Si hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  6. En los incidentes que se incoen para resolver las demandas de reintegración de la masa activa no será necesaria la celebración de vista, salvo que el juez del concurso resuelva otra cosa.
  7. Tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho: Hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado».

Sociedades

Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se les aplicarán las siguientes medidas:

En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal.

En el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática.

Esto es sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías.

  1. Asistencia telemática.
  2. Representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (mi) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia”

Novedades en el ámbito tributario dentro del plan de medidas de apoyo a la solvencia empresarial

En el ámbito tributario las novedades aprobadas son relativas a los aplazamientos de deudas tributaria, en concreto, se amplía de 3 a 4 meses el periodo en el que no se devengarán intereses de demora. El aplazamiento en el pago de deudas tributarias regulado por el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020, se podrá realizar en todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, siempre que:

  1. Las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros.
  2. Las solicitudes sean presentadas por persona física o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 2020.
  3. El aplazamiento es aplicable a las deudas tributarias estatales, incluidas las siguientes:
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar el ingreso a cuenta. (modelos 115, 111, 123, etc).
    • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (modelo 303).
    • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades (modelo 202)
  4. Las condiciones del aplazamiento son:
  • Plazo único del aplazamiento: 6 meses.
  • No devenga de intereses de demora durante los 4 primeros meses del aplazamiento.

Ayudas públicas para proyectos I+D

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Noviembre 2019

Las inversiones que realizan las empresas en I+D pueden obtener ayudas públicas, en forma de financiación barata y de subvenciones a fondo perdido de diferentes estamentos, tanto a nivel autonómico, como nacional, como a través de programas europeos. Nos centramos en las ayudas nacionales otorgadas por el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial).

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